A finales del mes de octubre de este año que ya va dando sus últimos coletazos, y a raíz de un reportaje emitido por la televisión pública danesa, se destapó en España un escándalo de proporciones bíblicas: la existencia de un conglomerado de clínicas dirigidas por el inmigrante peruano Carlos Morín, en las que se practicaban abortos hasta en el octavo mes de embarazo, cuando en España el tiempo máximo permitido para liquidar impunemente al feto es de 24 semanas. Muchas de las mujeres que acudían a las clínicas que este Herodes peruano tiene repartidas por España eran inmigrantes con escasos recursos a las que el solidario ginecólogo practicaba intervenciones a precios reducidos, aunque con las también muchas europeas que deseaban interrumpir su embarazo fuera del límite legal establecido en sus países no era igualmente generoso y desinteresado, pues llegaba a cobrarles por la escabechina hasta 4.000 €. En algunos casos los abortos eran practicados por individuos que ni siquiera contaban con la titulación médica pertinente, algo muy corriente en el país del que proviene Morín y en Latinoamérica en general.
El cuco ginecólogo, que nos había calado muy bien a los españoles, incluso se llegó a sacar del magín una ONG denominada Fundación Morín, a través de la cual recaudaba fondos públicos para sufragar los abortos de inmigrantes tan fogosas y casquivanas como insolventes, un colectivo que en España representa el 50% de las interrupciones voluntarias del embarazo, vulgo aborto.
En resumidas cuentas, que el obstetra andino con sus prácticas abortistas nos ha privado de miríadas de criaturas que gestábanse en los abultados vientres de muchas inmigrantes y que de haber llegado algún día a ver la luz del sol hubiesen inundado nuestras guarderías y escuelas públicas primero y nuestros ya de por si atestados centros penitenciarios después. Y encima lo detienen.
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