Ahora resulta que las prometidas repatriaciones de casi doscientos subsaharianos que habían llegado a nuestras costas ilegalmente a bordo de cayucos han sido canceladas por el gobierno socialista, que no obstante ha conseguido transmitir a la opinión pública la sensación de que esto no se les ha ido de las manos y que como aseguraba la viceministra un tanto amojamada Fernández de la Vega, el inmigrante que entre en España ilegalmente será expulsado. El resultado de todo esto es que los negros que llegan a Canarias son enviados a la Península y recluidos en los ya de por sí atestados centros de internamiento de extranjeros, de donde huyen o que simplemente abandonan por su pie transcurrido el plazo legal de 40 días para que sean expulsados del país, hecho que rara vez se produce. Además, los negratas no sólo se quedan en Madrid, como erróneamente muchos habitantes de la capital creen, sino que son repartidos a lo largo y ancho de España para que se note menos su cada vez más abrumadora presencia, siendo los destinos elegidos principalmente las ciudades donde gobierna el PP. Para joder, claro.
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